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Comprar y financiar

Extranjeros que compran propiedad en Costa Rica

En general, los extranjeros compran con los mismos derechos que los costarricenses. Qué cambia en la zona marítimo terrestre, con sociedades y al invertir.

Publicado el 26 de octubre de 2026 · Actualizado el 3 de noviembre de 2026 · 11 min de lectura

Si no sos costarricense y querés comprar una casa, un apartamento o un lote en Costa Rica, la regla general es sencilla: tenés los mismos derechos que una persona costarricense. Las diferencias reales aparecen en cuatro lugares: la zona marítimo terrestre, la forma de tener la propiedad (a tu nombre o por medio de una sociedad), los controles contra el lavado de dinero al firmar y, si te interesa, la residencia por inversión.

Las cifras de impuestos de esta guía son de 2026 y cambian cada año.

Los mismos derechos que un costarricense

La Constitución Política establece que las personas extranjeras tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que las costarricenses, con las excepciones y limitaciones que fijen la propia Constitución y las leyes; no pueden intervenir en asuntos políticos y quedan sometidas a los tribunales del país (Constitución Política, art. 19).

¿Y si estás en el país como turista? En las normas revisadas para esta guía no encontramos una ley que exija residencia para ser dueño de un inmueble privado inscrito. La única exigencia de residencia que aparece es la del artículo 47 de la Ley 6043, que se aplica a las concesiones en la zona marítimo terrestre. De esos textos se desprende que una persona extranjera puede comprar e inscribir a su nombre una propiedad titulada aunque no viva en Costa Rica.

Esta guía no revisó otras posibles restricciones, como las zonas fronterizas o las áreas protegidas. Si la propiedad está en una de ellas, consultalo con tu abogado o notario antes de comprometerte.

Qué cambia en la zona marítimo terrestre

La zona marítimo terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros a lo largo de las costas, medida en horizontal desde la línea de pleamar ordinaria (Ley 6043, art. 9). Se divide en dos partes (art. 10):

  • la zona pública, los primeros 50 metros más las áreas que quedan descubiertas en marea baja, que no se puede ocupar bajo ningún título (art. 20);
  • la zona restringida, los 150 metros restantes, donde solo se puede usar la tierra por medio de una concesión (un derecho de uso por un plazo limitado, no un título de propiedad), por plazos de 5 a 20 años (arts. 41 y 48).

Construir u ocupar la ZMT sin autorización legal está prohibido (art. 12).

Lo que sí cambia para una persona extranjera es el acceso a las concesiones. El artículo 47 dice que no se otorgan concesiones a:

  • extranjeros que no hayan residido en el país al menos cinco años;
  • sociedades anónimas con acciones al portador;
  • sociedades domiciliadas en el exterior;
  • entidades constituidas en el país por extranjeros;
  • entidades cuyas acciones, cuotas o capital pertenezcan en más del 50% a extranjeros.

Además, los concesionarios no pueden traspasar acciones o cuotas a extranjeros, y los traspasos que violen esa regla son nulos (art. 47). En su criterio AL-A-0767-2024 del 21 de junio de 2024, una opinión no vinculante que respondió una consulta de la Municipalidad de Carrillo, la Asesoría Legal del ICT indicó que la sociedad concesionaria debe informar a la municipalidad los cambios en su capital social, para que esta verifique que se cumplen los porcentajes del artículo 47.

Hay una excepción importante: la Ley 6043 no se aplica a las propiedades inscritas a nombre de particulares conforme a la ley, ni a las zonas urbanas litorales (art. 6). Es decir, un terreno titulado dentro de los 200 metros no es necesariamente una concesión. Antes de comprar cerca del mar, confirmá con el Registro Nacional y con tu notario si se trata de una finca inscrita o de una concesión. Lo explicamos con más detalle en la guía para comprar un lote.

A tu nombre o por medio de una sociedad

No encontramos una ley que obligue a una persona extranjera a comprar por medio de una sociedad. Las dos vías son posibles, y estas son las diferencias que tienen respaldo en la ley:

AspectoA tu nombrePor medio de una sociedad
Impuesto anual a las personas jurídicas (Ley 9428)No aplicaSí; en 2026, entre ₡69.330 y ₡231.100
Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (Ley 9416)No aplicaDeclaración ante el BCCR
Residencia por inversión (Decreto 43926)El inmueble debe estar a tu nombreNo se acepta un inmueble a nombre de una persona jurídica

Otras ventajas que se suelen mencionar, como la sucesión o la facilidad para traspasar, son temas de asesoría que esta guía no cubre.

El impuesto a las personas jurídicas

La Ley 9428 grava cada año a las sociedades mercantiles, las sucursales de empresas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas en el Registro de Personas Jurídicas (art. 1). Se paga en los primeros 30 días naturales después del 1 de enero (art. 4); para 2026, el Ministerio de Hacienda fijó el vencimiento el lunes 2 de febrero de 2026. Estos son los montos de 2026, calculados sobre un salario base de ₡462.200, según el aviso de Hacienda:

Tipo de contribuyenteTarifaMonto 2026
Sociedad inactiva15%₡69.330
Activa, ingresos brutos menores a 120 salarios base25%₡115.550
Activa, de 120 a menos de 280 salarios base30%₡138.660
Activa, 280 salarios base o más50%₡231.100

Si no tenés cuenta bancaria en el país, Hacienda permite autorizar a un tercero para pagar. Si el impuesto no se paga, Hacienda advierte que se cobran intereses y una multa por atraso. Además, la deuda se convierte en una hipoteca legal preferente sobre los inmuebles de la sociedad, y el Registro deja de emitir certificaciones e inscribir documentos de esa sociedad (Ley 9428, art. 5). Según Hacienda, tres períodos consecutivos sin pagar pueden llevar a la disolución de la sociedad, conforme dispone la ley.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

La Ley 9416 obliga a las personas jurídicas domiciliadas en el país a informar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales (las personas que en último término son dueñas o controlan la sociedad). La declaración es anual, y también cuando un accionista alcanza la participación que define Hacienda, dentro de un rango de 15% a 25% (art. 5).

Según las preguntas frecuentes de Hacienda, la declaración se presenta en Central Directo, el sistema del BCCR, con firma digital para personas físicas; quien no tenga DIMEX ni DIDI puede presentarla por medio de un agente acreditado por un notario. Si no se cumple, los notarios deben consignarlo en los documentos, el Registro Nacional no emite certificaciones de personería ni inscribe documentos de la sociedad, y la multa es del 2% de los ingresos brutos del período anterior, con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base. Con el salario base de 2026, eso equivale a entre ₡1.386.600 y ₡46.220.000 (cálculo propio). Las fechas de presentación han cambiado en años anteriores: confirmalas con Hacienda.

Controles contra el lavado de dinero en la escritura

La Ley 7786 incluye a los abogados, notarios y contadores cuando hacen operaciones de compraventa de inmuebles para sus clientes, administran su dinero u operan, administran, compran o venden sociedades (art. 15 bis). En el caso de los notarios, eso implica deberes de conocer al cliente, guardar registros y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (art. 15 ter).

Para quien compra, lo más visible es el artículo 15 ter: en toda escritura con pagos, las partes deben declarar bajo juramento el monto, la forma y el medio de pago, los impuestos, el origen de los fondos y datos de identificación como números de cuenta bancaria, números de cheque y fechas. Además, las entidades financieras deben registrar las transacciones de US$10.000 o más, incluidas las transferencias desde o hacia el exterior (art. 20).

Si vas a traer el dinero desde fuera del país, prepará con tiempo los documentos que muestren de dónde viene, y acordá con tu notario, antes de la firma, la forma de pago y lo que va a necesitar para la declaración.

Residencia por inversión

La Ley 9996, del 5 de julio de 2021 y publicada el 14 de julio de 2021, fijó para la residencia como inversionista un capital no menor de US$150.000, calculado al tipo de cambio de venta del BCCR (art. 8). La inversión puede estar en bienes inmuebles, bienes registrables, acciones, valores o proyectos productivos o de interés nacional. Su reglamento, el Decreto 43926, fija estas reglas:

  • La residencia de inversionista se otorga por dos años, renovable si se demuestra que la inversión se mantiene (art. 4).
  • Si invertís en un inmueble, tenés que ser el dueño inscrito en el Registro Nacional, y no se acepta un inmueble a nombre de una persona jurídica. Se pide una certificación municipal, con no más de tres meses, del valor del inmueble y de que los impuestos municipales están al día. Si compraste con hipoteca, se exige un pago inicial de al menos US$150.000, o alcanzar ese monto junto con otras inversiones (art. 7).
  • La solicitud lleva, entre otros documentos, pagos de US$50 y US$200, certificados de nacimiento y de antecedentes penales apostillados, una página del pasaporte, una fotografía y, si estás inscrito ante la CCSS o ante Hacienda, estar al día con ellas, algo que la DGME verifica de oficio (art. 5).
  • La residencia puede cubrir al cónyuge, a los hijos menores, a los hijos mayores con discapacidad y a los hijos solteros menores de 25 años que dependan del inversionista (art. 6).

La ley también daba beneficios fiscales (art. 5), entre ellos importar una vez el menaje de casa sin impuestos, hasta dos vehículos libres de impuestos de importación y un 20% de rebaja sobre el impuesto de traspaso (no sobre el precio) al comprar un inmueble como titular registral. El artículo 12 limita la opción a esos beneficios a los primeros cinco años de vigencia de la ley. Como la ley rige desde su publicación, el 14 de julio de 2021, ese plazo de cinco años venció en julio de 2026; quienes ya los obtuvieron los conservan por diez años desde su otorgamiento.

Dato clave: no está confirmado si el umbral de US$150.000 sigue vigente para solicitudes nuevas. El artículo 8 lo liga al plazo que establece la ley y el Decreto 43926 lo mantiene. Al 3 de noviembre de 2026, SINALEVI muestra la Ley 9996 sin reformas. Según fuentes secundarias, no hubo prórroga (CRIE, actualizado el 8 de setiembre de 2026, que reporta que a esa fecha la lista de requisitos de la DGME todavía publicaba US$150.000) y el monto sigue aplicando a solicitudes nuevas (AG Legal, actualizado el 9 de octubre de 2026). Antes de planear tu compra en función de la residencia, confirmalo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Buscar desde fuera con Porta

Si buscás desde otro país, en Porta podés buscar en el mapa con marcadores de precio y ver todos los precios en dólares o en colones con el selector de moneda, que usa el tipo de cambio del BCCR, actualizado a diario. Con una alerta de búsqueda recibís por correo las publicaciones nuevas que coincidan con tus criterios, y podés compartir una colección de favoritos con un enlace de solo lectura para que tu familia o tu abogado vean las opciones. Porta es un marketplace: la situación legal de una propiedad la confirmás con el Registro Nacional y tu notario.

Fuentes

Esta guía es informativa y no sustituye la asesoría de un abogado, notario, contador o entidad financiera. Las cifras y los requisitos se verificaron en las fuentes oficiales enlazadas el 3 de noviembre de 2026; confirmalos antes de decidir.

Elaborado por el equipo de Porta con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y contrastado con las fuentes citadas en el texto. Si encontrás un dato desactualizado, escribinos desde el Centro de ayuda.

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